La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) introduce modificaciones importantes en la regulación de las relaciones laborales con contratistas y subcontratistas. Establece nuevas obligaciones y derechos para proteger a los trabajadores contratados por intermediarios, así como para brindar más claridad y seguridad jurídica a las empresas principales. A través de la reciente reglamentación, se especifican las condiciones para realizar retenciones y pagos relacionados con los contratistas y la seguridad social.
Se modifica el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para abordar la relación entre trabajadores, contratistas y la empresa principal. El artículo establece que:
"Los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a solicitar a la empresa principal para la cual dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo que deben percibir éstos, y den en pago por cuenta y orden de su empleador, los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral."
Este cambio busca proteger los derechos de los trabajadores empleados por contratistas o intermediarios al permitir que la empresa principal realice retenciones para cubrir deudas relacionadas con remuneraciones o aportes a la seguridad social. De esta manera, se evita que los trabajadores queden desprotegidos ante posibles incumplimientos de los contratistas.
Establece los procedimientos específicos que deben seguir las empresas principales para retener los importes adeudados por los contratistas. Los puntos clave de la reglamentación son:
"Las retenciones sin previo aviso efectuadas por el principal a las que hace referencia el artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias no podrán superar los importes que adeuden los contratistas o intermediarios respecto de las cotizaciones con destino a los distintos subsistemas de la Seguridad Social."
Proporcionalidad: La reglamentación establece que el monto máximo a retener se debe calcular de manera proporcional al número de trabajadores contratados y al tiempo de servicio prestado en la empresa principal. Esto garantiza que las retenciones sean justas y se relacionen directamente con las obligaciones pendientes del contratista con la Seguridad Social.
Consulta de Deudas: La reglamentación indica que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá implementar un mecanismo de consulta para que las empresas principales puedan verificar las deudas de los contratistas con la seguridad social y determinar el monto correcto a retener. De esta manera, se asegura que las retenciones sean precisas y eviten excesos.
"El principal que realice la retención en los términos indicados en los párrafos anteriores tendrá la obligación de ingresar el monto retenido por cuenta y orden del contratista o intermediario."
Pago a Organismos de Seguridad Social: La empresa principal que realice la retención de los montos adeudados por el contratista debe ingresarlos a la orden de los organismos de seguridad social correspondientes. Esto garantiza que las contribuciones sean destinadas correctamente y que se cumplan las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores.
Plazos y Procedimientos: La reglamentación establece que las retenciones deben realizarse en el plazo y sobre la base de los procedimientos que determine la AFIP, brindando un marco claro para la ejecución de estas retenciones.
La finalidad es garantizar los derechos de los trabajadores empleados por contratistas o intermediarios. Muchas veces, los trabajadores se ven desprotegidos cuando los contratistas incumplen con sus obligaciones de pago de salarios, indemnizaciones, o aportes a la seguridad social. Al otorgar a las empresas principales la facultad de retener los importes adeudados y pagar directamente a los organismos correspondientes, la ley asegura que se cumplan las obligaciones laborales y que los trabajadores no queden desamparados.
Esta reglamentación también brinda mayor seguridad jurídica a las empresas principales, ya que les permite verificar y retener las deudas de los contratistas, evitando responsabilidades futuras por incumplimientos de terceros.
La Ley de Bases y su reglamentación representan un esfuerzo por fortalecer la seguridad y estabilidad laboral de los trabajadores, especialmente de aquellos contratados a través de intermediarios. Al otorgar a las empresas principales la facultad de intervenir cuando se detectan incumplimientos por parte de los contratistas, la normativa busca evitar escenarios de desprotección y asegurar que las obligaciones laborales se cumplan de manera justa.
Este cambio también aporta claridad para las empresas y los contratistas, permitiéndoles actuar con mayor seguridad jurídica y responsabilidad. La correcta implementación de estas medidas marcará la diferencia en la protección de los trabajadores y en la construcción de relaciones laborales más justas y transparentes.
En este artículo abordamos a modo informativo sólo los aspectos más destacados de este importante cambio en la legislación. Si te dedicas a la gestión de contratistas, te recomendamos realizar una consulta personalizada con profesionales para comprender íntegramente los alcances que posee la nueva normativa en tus operaciones.
.
Para más información contáctese con nuestro equipo
